El Grupo de Puebla, plataforma política progresista de América Latina, celebrará el próximo 21 de marzo en Buenos Aires un evento internacional en apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, informaron el viernes fuentes oficiales.

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En un comunicado divulgado en redes sociales, el foro interamericano precisó que la cita tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos y llevará por título “Del partido militar al judicial, las amenazas a la democracia”.

El cónclave, destinado a denunciar la persecución judicial y política de la que está siendo víctima la exmandataria argentina, contará con la presencia de los expresidentes Evo Morales, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y el colombiano Ernesto Samper.

Asimismo, asistirán los juristas Baltazar Garzón, Adoración Guamán y Gisele Ribocom, junto a los diputados hispanos Enrique Santiago y Gerardo Pisarello, la historiadora y comunicadora Silvina Romano, los políticos argentinos Oscar Parrilli y Eduardo Valdés, además del coordinador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami.

La sesión única estará conformada por dos mesas temáticas; la primera titulada “El lawfare contra la democracia en Argentina y América Latina” y la segunda versará sobre los desafíos de las democracias frente a la utilización de la justicia como arma política.

El colofón será la presentación del libro Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina, edición coral de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, el Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

El pasado 6 de diciembre, un tribunal federal argentino condenó a Cristina a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la llamada Causa Vialidad que investiga la adjudicación fraudulenta de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Durante tres años de audiencias, la vicepresidenta ha rechazado y desmentido las acusaciones en su contra, denunciando la existencia de una mafia que controla un estado y un poder judicial paralelos que pretende inhabilitarla culpándola de delitos que no ha cometido.

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